La rebelión de los gobernadores

Opinión de Alfredo González Castro.

La salida de 10 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores ha sido minimizada por algunos actores políticos, incluido el presidente López Obrador; sin embargo, se trata de una rebelión que podría traer serias consecuencias para la Federación.

La ecuación es simple: 10 gobernadores rompen con la 4T porque hay cero interlocución, porque no recibieron los apoyos para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 y porque ven al Presidente atizando la confrontación en lugar de fomentar el diálogo.

Con esta acción, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas —integrantes de la Alianza Federalista— materializaron lo que habían anunciado desde hace tiempo. Pero el tema no queda ahí. Lo que sigue, me dice el representante de uno de ellos, es un rompimiento más drástico: dar por terminado el Pacto Fiscal, el instrumento que sirve para repartir de manera “equitativa” los impuestos recaudados en todo el país.

Se trata del mecanismo implementado desde hace cuatro décadas para ayudar a reducir las brechas de desigualdad en los estados, ya que los más ricos, como Jalisco o Nuevo León, “transfieren” recursos a los más pobres, como Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2020 se estiman más de dos billones de pesos en ingresos totales de las entidades, de los cuales 1.7 billones serán transferidos por el gobierno federal a las entidades para fortalecer programas de salud, educación y seguridad.

Se trata de recursos etiquetados, además de participaciones con las que buscan apuntalar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de cada entidad

Estas últimas se distribuyen a través de una fórmula contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal para la recaudación de las entidades, como el PIB y la población, entre otros elementos.

Eso es precisamente lo que tiene con los pelos de punta a los mandatarios rebeldes, quienes argumentan que los recursos que reciben son pocos en comparación con lo que la Federación recauda en sus territorios.

¿Qué pasaría si rompen el Pacto Fiscal, entonces? Se dejarían de cobrar impuestos como ahora; los estados recuperarían esa atribución libremente y ya no entregarían dinero al gobierno, provocando un tremendo hueco fiscal a la Federación. Y por lo que han dicho los gobernadores rebeldes, no quitarán el dedo del renglón.

Tienen la facultad de renunciar a los acuerdos fiscales para que cada quien se rasque con sus propias uñas y, entonces sí, que agarren confesados a quienes desde el púlpito de la demagogia quieren repartir dinero a diestra y siniestra, sin ver ni oír a los estados que más impuestos recaudan.