Los 3 argumentos del juez para dejar en la cárcel a Rosario Robles y lo que sigue en el caso

La defensa acusó al juez de no justificar la decisión porque no era factible la prisión domiciliaria y anuncia que buscarán un nuevo amparo. Hija de Robles lamentó que no haya piso parejo en todos los casos. Se prevé que el juicio de la exfuncionaria se realice hasta el verano de 2022.

El juez federal responsable del proceso penal en contra de Rosario Robles decidió ayer, de nueva cuenta, mantener la medida de prisión preventiva en contra de la exfuncionaria con tres razones: que no reveló desde un inicio las casas en las que vivió en el pasado, que su defensor se contradijo sobre el motivo de un viaje al extranjero que realizó antes de ser citada, y que sus abogados dijeron que no contaban con un documento que sí se les había entregado.

Dichos argumentos llevaron al juez a concluir que persisten las dudas sobre si Robles podría darse en algún momento a la fuga, y en ese escenario, consideró que lo prudente es que continúe en prisión preventiva. Con esto, se trata ya de la séptima ocasión en que se le niega a la exfuncionaria la posibilidad de recuperar su libertad

Actualmente la extitular de Sedesol y Sedatu ya rebasó el plazo de dos años que la ley contempla como máximo para que una persona pueda estar en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia.

La defensa de Robles adelantó a Animal Político que mas allá de la apelación que interpondrán por esta nueva resolución, presentarán un nuevo amparo en el que acusará al juez de exponer argumentos que no justifican realmente la necesidad de seguir manteniéndola dentro de una cárcel regular.

“El juez nunca explicó realmente por qué Rosario no puede escapar de una cárcel, pero sí de un domicilio donde tendría vigilancia o un brazalete. No clarificó sobre eso. Se dedicó a robustecer la idea de prisión preventiva que ya tenia sin hacer otra ponderación de medidas alternas como lo ordenaba el amparo que habíamos ganado”, dijo el abogado Epigmenio Mendieta.

Cabe señalar que el artículo 155 de Código Nacional de Procedimientos Penales contempla un total de 14 opciones de medidas cautelares distintas para una persona sometida a un proceso penal, y todas deben justificarse. La prisión preventiva es la medida más grave –pues implica encarcelar a una persona que sigue siendo inocente– y su aplicación debe ser, según la ley, excepcional.

Mariana Moguel, la hija de la exfuncionaria y quien ayer acudió al reclusorio, aunque no se le permitió entrar a la audiencia, recordó que a su madre no se le ha probado delito alguno y lamentó que “no haya piso parejo” en todos los casos, en clara alusión al tratamiento privilegiado que han recibido otros exfuncionarios en casos de corrupción como Emilio Lozoya.

Los tres argumentos clave

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó ayer por la noche que, tras la audiencia de tres horas realizada a puerta cerrada, el juez Ganther Alejandro Villar consideró que prevalece un “elevado riesgo de fuga” de la exfuncionaria aun y cuando fue ella la que acudió voluntariamente a comparecer desde las audiencias iniciales de agosto de 2019.

El CJF no detalló cuales fueron los razonamientos que llevaron a dicho juez a llegar a esa conclusión pero, de acuerdo con lo dicho por la defensa tras salir de la audiencia, fueron tres los puntos clave en los cuales sustento “las dudas” sobre lo que podría hacer la exfuncionaria si se le deja libre.

Uno de esos argumentos es que en la audiencia inicial el entonces abogado de Robles, Julio Hernández, dijo que su clienta había hecho un viaje a Costa Rica para asistir a un foro, pero tres días después y en la continuación de aquella audiencia señaló que dicho viaje era de vacaciones.

El segundo argumento del juez es que la exfuncionaria no reveló, en una audiencia inicial, que contaba con tres domicilios distintos en la ciudad. Esto, dijo el juez, debió haberlo hecho aun cuando luego ella explicó que se trataba de casas que ya no habitaba actualmente.

Y el tercer punto está relacionado con un oficio en el que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (CENAPI) reportaba que Robles tenía dos licencias de conducir distintas. Aunque a la postre se confirmó que una de esas licencias era falsa y la exfuncionaria no la tramitó, para el juez sigue siendo significativo que los abogados que la representaban en 2019 dijeron que no contaban con copia de ese documento, cuando en realidad si se les había entregado.

Para el actual defensor de Robles, Epigmenio Mendieta, estas razones en nada justifican la necesidad de aplicar a la exfuncionaria una medida cautelar, y menos la mas extrema de todas que es la prisión preventiva.

“El juez volvió a usar argumentos que ya estaban superados. Hay razonamientos como el de que no proporcionó domicilios en los que vivió en otra época que me parecen irrisorios. Vamos a combatir esta decisión por todos los medios legales que tenemos a nuestro alcance”, dijo el litigante.

Sobre la posibilidad de someter a Robles a una prisión domiciliara incluso portando un brazalete electrónico, el CJF informó ayer que el juez había desestimado esta idea bajo el argumento de que “le facilitaría los medios para abandonar el territorio”, sin dar mayores detalles.

La defensa de la extitular de Sedesol y Sedatu dijo que, en realidad, no hubo mayor razonamiento sobre este punto ni se ponderó seriamente la posibilidad de aplicarle una medida cautelar distinta.